El 25 de junio de 2025, el Poder Judicial aceptó un amparo presentado por la Red de Acompañantes de León y otros colectivos feministas, exigiendo al Congreso estatal que justifique en un plazo de tres días por qué mantiene la penalización del aborto.
La medida surge luego de que, el pasado 5 de junio, en una votación de 19 votos en contra y 17 a favor, el Congreso rechazara una iniciativa para despenalizar el aborto en Guanajuato, manteniendo la interrupción del embarazo como delito.
Las colectivas consideran que esta penalización viola los derechos humanos de las mujeres y los tratados internacionales en materia de igualdad, al tiempo que dejan en evidencia la omisión legislativa frente a la armonización con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según Morena, esta decisión institucionaliza una forma de violencia de género, por lo que promovieron una solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
Este amparo colectivo agrupa a 139 mujeres que ahora buscan impulsar la revisión de la legislación local ante la SCJN antes del cierre del año.
