Las tienditas, uno de los motores más importantes de la economía popular en Guanajuato, enfrentan un panorama incierto. El reciente incremento en los impuestos especiales a productos como refrescos, cigarros y alimentos procesados ha encendido las alarmas entre pequeños comerciantes que aseguran que la medida amenaza su supervivencia.
De acuerdo con estimaciones de asociaciones locales, estos artículos representan más del 40% de los ingresos diarios de una tienda de barrio. El nuevo ajuste fiscal, impulsado bajo el argumento de desalentar el consumo y mejorar la salud pública, ha tenido un efecto inmediato: menor venta, menor flujo y mayor incertidumbre en un sector que da empleo a miles de familias.
En municipios como León, Celaya e Irapuato, tenderos reportan caídas de entre 20% y 30% en las ventas, sobre todo en zonas de bajos ingresos, donde los consumidores optan por marcas más baratas o compran con menor frecuencia. “No estamos en contra de cuidar la salud, pero este tipo de impuestos nos están ahorcando”, comenta uno de los comerciantes entrevistados.
El impacto no se limita al mostrador. La cadena de distribución también resiente los efectos: repartidores, proveedores y microproductores de botanas y bebidas ven reducido su margen de ganancia. A ello se suma el riesgo del mercado informal, que aprovecha los incrementos para vender productos ilegales o de contrabando, afectando aún más a quienes sí pagan impuestos.
Analistas económicos advierten que el llamado “impuesto saludable” podría terminar siendo un impuesto regresivo, que castiga más a las familias trabajadoras y a los pequeños negocios, sin garantizar una mejora real en los hábitos de consumo. En Guanajuato, donde existen más de 80 mil puntos de venta tradicionales, el impacto podría traducirse en miles de cierres si la tendencia continúa.
Los tenderos proponen alternativas: campañas de educación alimentaria, incentivos a productos locales y reducción temporal de cuotas fiscales para negocios de bajo volumen. “No pedimos subsidios, pedimos justicia fiscal”, señalan.
En medio de la discusión, el gobierno estatal ha buscado mediar con la federación, planteando la necesidad de proteger el empleo y la economía comunitaria. Mientras tanto, las tienditas —símbolo de cercanía y sustento para miles de familias— luchan por no desaparecer ante una medida que, bajo el argumento de cuidar la salud, podría enfermar a la economía local.
