Representantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato rechazaron la propuesta de incorporar la prisión preventiva oficiosa por el delito de extorsión en la legislación estatal.
El tema fue abordado durante una mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, donde se analizaron dos iniciativas relacionadas con la inclusión de este delito dentro de los supuestos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Las propuestas fueron presentadas por legisladores de Morena y del PAN y plantean modificaciones relacionadas con el tratamiento jurídico de la extorsión en Guanajuato.
Sin embargo, durante el análisis surgieron cuestionamientos tanto sobre las facultades del Congreso estatal para legislar en esta materia como sobre las implicaciones de la prisión preventiva oficiosa para los derechos humanos.
Fiscalía señala que Guanajuato no puede legislar en esta materia
Elizabeth Durán Isais, coordinadora jurídica de la Fiscalía General del Estado, señaló que el Congreso de Guanajuato no tiene competencia para determinar qué delitos deben ameritar prisión preventiva oficiosa.
Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los legisladores locales no pueden regular esta materia, debido a que corresponde al ámbito procesal penal federal.
Por esta razón, señaló que una disposición de este tipo tampoco podría incorporarse a la legislación estatal únicamente como una reiteración de lo establecido a nivel federal.
El Código Nacional de Procedimientos Penales contiene el catálogo correspondiente a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El argumento expuesto durante la mesa legislativa implica que cualquier modificación en esta materia debe realizarse desde el ámbito federal y no mediante una reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato.
PRODHEG advierte afectaciones a la presunción de inocencia
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato también manifestó su rechazo a la prisión preventiva oficiosa.
Alberto Estrella Ortega, representante de la PRODHEG, sostuvo que esta figura ha sido cuestionada desde la perspectiva de los derechos humanos.
Durante la mesa de trabajo se recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa.
La postura presentada por la PRODHEG sostiene que la medida no representa por sí misma una solución a los problemas de seguridad y puede afectar la presunción de inocencia.
El organismo considera que la aplicación de la prisión preventiva debe estar justificada mediante el análisis particular de cada caso y un test de proporcionalidad.
Gobierno estatal también señala cuestionamientos internacionales
Un representante de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado también participó en el análisis legislativo.
Durante su intervención señaló que la prisión preventiva oficiosa ha sido declarada incompatible con obligaciones internacionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La discusión se centró así en dos aspectos: por un lado, la competencia jurídica para modificar las normas relacionadas con esta medida cautelar y, por otro, sus efectos sobre los derechos de las personas sometidas a un proceso penal.
Los argumentos expuestos no significaron minimizar el impacto de la extorsión, sino cuestionar si la prisión preventiva automática representa el mecanismo adecuado para enfrentar este delito.
Legisladoras defienden una respuesta firme contra la extorsión
Durante la mesa de trabajo también se presentaron posiciones favorables a fortalecer el marco jurídico contra la extorsión.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del PAN, sostuvo que detrás de la discusión constitucional existe una problemática que afecta directamente a familias, comerciantes, empresas y trabajadores.
La legisladora planteó que las reformas deben traducirse en protección para las víctimas y consecuencias para quienes cometen este tipo de delitos.
También señaló que la extorsión constituye una forma de violencia mediante la cual se busca intimidar, someter y limitar la libertad de las personas.
Por su parte, la diputada Rocío Cervantes Barba, del PRI, señaló que este delito también genera consecuencias económicas, debido a que puede provocar que integrantes de una comunidad dejen de invertir ante las amenazas.
La discusión legislativa mostró así dos dimensiones del problema: la exigencia social de combatir la extorsión y los límites jurídicos y de derechos humanos relacionados con la aplicación automática de la prisión preventiva.
Fiscalía reporta 51 vinculaciones a proceso en 2026
Mientras continúa la discusión sobre las iniciativas, la Fiscalía General del Estado reportó resultados de las investigaciones desarrolladas durante 2026.
El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que durante este año se ha conseguido la vinculación a proceso de 51 personas por el delito de extorsión.
Además, la institución ha obtenido 36 sentencias condenatorias.
Los resultados corresponden a investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión.
Los casos investigados se han registrado en distintos municipios y han involucrado afectaciones contra comerciantes, familias y diferentes sectores productivos.
Entre las actividades afectadas se encuentran los sectores comercial, de servicios, salud, automotriz e inmobiliario.
Mantienen estrategias preventivas contra la extorsión
Además de las investigaciones ministeriales, en Guanajuato se han desarrollado acciones preventivas para reducir la incidencia de este delito.
En el sector hotelero de León se han aplicado capacitaciones y protocolos para identificar casos en los que huéspedes puedan encontrarse bajo presión de extorsionadores o involucrados en modalidades conocidas como secuestro virtual.
Entre las medidas implementadas se encuentra el control de llamadas y la capacitación periódica del personal.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato también ha realizado capacitaciones mediante su Escuadrón Antiextorsión.
Más de cuatro mil personas de diferentes municipios han participado en estas actividades preventivas.
Congreso continuará análisis de las propuestas
Las iniciativas permanecen dentro del proceso legislativo mientras se analizan las observaciones realizadas por las instituciones participantes.
Una de las propuestas plantea reconocer expresamente la extorsión entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, además de realizar modificaciones al Código Penal estatal y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
La discusión continuará considerando tanto la necesidad de fortalecer las herramientas para combatir la extorsión como las restricciones constitucionales que existen para que los congresos estatales legislen sobre prisión preventiva oficiosa.
La FGE y la PRODHEG coincidieron en rechazar la incorporación de esta medida en la legislación de Guanajuato, aunque desde perspectivas diferentes: la Fiscalía por cuestiones de competencia jurídica y la Procuraduría de Derechos Humanos por sus implicaciones sobre garantías como la presunción de inocencia.
