Guanajuato, Gto.- Organizaciones civiles, periodistas, activistas y personas buscadoras pusieron en marcha la campaña “Proteger la Dignidad”, una iniciativa enfocada en fortalecer las herramientas de autoprotección y promover cambios en los mecanismos destinados a proteger a quienes ejercen el periodismo y defienden derechos humanos en Guanajuato.
En la presentación participaron integrantes de Artículo 19 y Espacio OSC, además de la periodista e investigadora Yajaira Gasca, el analista Jorge Carrasco Araizaga y la madre buscadora Marta Silva.
La campaña surge en un contexto en el que las organizaciones participantes advierten riesgos para periodistas, activistas y colectivos de búsqueda que desarrollan sus actividades en Guanajuato.
Rubén Darío Silva, representante de Artículo 19, presentó durante el encuentro un recuento de agresiones documentadas en la entidad.
De acuerdo con las cifras expuestas, desde 2018 han sido asesinadas 13 personas buscadoras en Guanajuato, de las cuales ocho eran mujeres y cinco hombres.
En el caso de los trabajadores de medios de comunicación, se documentaron seis comunicadores asesinados entre 2015 y 2025.
Otro de los asuntos abordados fue la utilización de procedimientos legales contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles.
Artículo 19 señaló que instrumentos como los procedimientos sancionadores relacionados con supuestos casos de violencia política de género pueden ser utilizados por entes públicos como mecanismos de desgaste judicial y censura.
Durante el encuentro también fueron expuestas observaciones sobre el funcionamiento del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.
La periodista Yajaira Gasca informó que entre 2019 y 2025 el organismo acumuló un subejercicio de poco más de 7 millones de pesos.
De acuerdo con lo presentado, esos recursos estaban etiquetados para apoyos sociales dirigidos a víctimas, pero no fueron ejercidos.
En ese periodo de siete años, el Consejo Estatal otorgó medidas de protección a 207 personas beneficiarias, equivalente a un promedio de 29.5 personas por año.
También se cuestionó el funcionamiento del Atlas de Riesgo elaborado con recursos públicos, debido a que, según lo expuesto durante la presentación, su metodología no ha sido transparentada.
Gasca señaló además que, durante una reunión reciente con la Fiscalía General del Estado, se constató que investigaciones relacionadas con crímenes contra integrantes de la prensa permanecen congeladas y archivadas.
Las medidas otorgadas a quienes ingresan al mecanismo estatal también fueron objeto de cuestionamientos.
Olivia, integrante de Artículo 19, señaló que las personas incorporadas al mecanismo no reciben sus propios planes de protección, lo que genera incertidumbre sobre las medidas que les fueron asignadas.
La organización planteó además que medidas individuales, como botones de enlace o patrullajes aislados, no responden necesariamente a las condiciones que enfrentan las brigadas de madres buscadoras durante sus recorridos de campo.
Ante esta situación se planteó la necesidad de desarrollar protocolos colectivos que también incorporen un enfoque psicosocial para atender las características particulares de su trabajo.
La madre buscadora Marta Silva participó también en la presentación y habló sobre el proceso relacionado con la desaparición de su hija en 2021.
Silva informó que el pasado 10 de septiembre fue emitida una sentencia de 156 años de prisión contra el responsable del crimen.
Consideró que la protección de testigos presenciales utilizada durante el proceso puede convertirse en una referencia para el esclarecimiento de otros casos.
También señaló situaciones de revictimización que, aseguró, enfrentan las familias durante su contacto con personal pericial y cuestionó el manejo de información relacionada con hallazgos forenses.
Por su parte, el analista Jorge Carrasco Araizaga abordó la estigmatización que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Carrasco sostuvo que parte de esas narrativas provienen de instituciones públicas y pueden extenderse hasta los gobiernos municipales.
Ante las problemáticas expuestas, quienes participan en “Proteger la Dignidad” convocaron a respaldar un decálogo integrado por 10 recomendaciones.
Las propuestas fueron impulsadas junto con la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y tienen como objetivo promover una reestructuración del mecanismo de protección existente en la entidad.
La campaña busca así colocar en la discusión pública las condiciones en las que periodistas, personas defensoras de derechos humanos y colectivos de búsqueda realizan su trabajo en Guanajuato, además de impulsar herramientas preventivas y cambios en las medidas institucionales de protección.
