León, Guanajuato.- Una investigación periodística publicada el 1 de junio de 2026 puso bajo revisión una serie de contratos del Gobierno Municipal de León con empresas dedicadas a la venta de uniformes, impresiones y artículos promocionales.
El caso se concentra en Centro Publicitario y de Marketing TLGR, una compañía que obtuvo al menos 35 contratos por aproximadamente 11.9 millones de pesos entre 2022 y 2024.
La investigación reveló que, al intentar localizar a la empresa en los domicilios registrados ante las autoridades, no fue posible encontrar sus oficinas ni establecer contacto con sus representantes.
También documentó coincidencias entre personas que participaron en operaciones de TLGR, Office and Publicity y Alfacolor, esta última vinculada con la familia de María Fernanda García Hernández, esposa del exsecretario municipal Allan León Aguirre.
Las observaciones provocaron solicitudes de investigación ante la Contraloría Municipal y cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para verificar a los proveedores.
Sin embargo, las autoridades municipales defendieron la legalidad de las contrataciones y aseguraron contar con documentación que acredita las compras y entregas realizadas.
TLGR recibió 35 contratos del Gobierno de León
Centro Publicitario y de Marketing TLGR fue constituida en febrero de 2019.
Sus accionistas registrados fueron Luis Manuel López Ponce y María Amalia Vázquez, mientras que Raquel Noemí Concha Guevara fue designada gerente general.
La compañía comenzó a registrar contrataciones con gobiernos municipales en 2022.
En abril de ese año obtuvo su primer contrato directo con el Ayuntamiento de León, por aproximadamente 897 mil pesos.
La operación contempló impresiones para el Archivo Histórico y materiales destinados a dependencias de seguridad y Protección Civil.
Entre 2022 y finales de 2024, TLGR acumuló 32 contratos con dependencias de la administración municipal centralizada y otros tres con el DIF León.
De esos 35 contratos, 33 fueron adjudicaciones directas y únicamente dos se realizaron mediante licitación pública.
El monto total documentado fue de aproximadamente 11.9 millones de pesos.
La diferencia entre ambos procedimientos es relevante: la adjudicación directa permite contratar sin realizar una competencia pública abierta, siempre que se cumplan los supuestos legales correspondientes.
Su utilización no constituye automáticamente una irregularidad, pero exige revisar que cada contratación haya cumplido los requisitos aplicables.
Uniformes, artículos promocionales y materiales para 22 dependencias
Los contratos de TLGR abarcaron una amplia variedad de productos.
La empresa suministró artículos a 22 dependencias del Gobierno Municipal de León.
Entre los materiales adquiridos se encontraron aproximadamente 43 mil artículos promocionales, como tazas, memorias USB, libretas, balones, termos, pulseras y bolsas.
También se documentó la compra de más de 11 mil prendas de uniforme y más de 2 mil gorras destinadas a programas sociales.
Las operaciones incluyeron botas, chamarras, chalecos, cobijas y otros materiales.
Uno de los contratos correspondió a la Dirección de Comunicación Social.
En septiembre de 2022, esa dependencia pagó alrededor de 300 mil pesos por la impresión de mil 100 ejemplares del primer informe de gobierno de la administración municipal 2021-2024, encabezada por Alejandra Gutiérrez Campos.
Las operaciones fueron formalizadas durante la gestión de Graciela Rodríguez Flores como tesorera municipal.
No encontraron a la empresa en sus domicilios registrados
Uno de los principales señalamientos de la investigación fue la imposibilidad de localizar a TLGR en los domicilios utilizados para sus operaciones.
En los contratos municipales, la compañía registró un domicilio fiscal en Paseo de la Reforma 350, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
La dirección corresponde a un edificio de oficinas ubicado frente al Ángel de la Independencia.
Durante una visita realizada el 25 de mayo de 2026, periodistas preguntaron por la empresa y sus representantes.
El personal consultado no encontró registros de TLGR en los directorios disponibles.
También se revisó un área de oficinas compartidas, sin localizar información que permitiera ubicarla.
En León, los contratos del DIF registraban otro domicilio en la calle Donizetti, colonia León Moderno.
Al acudir al lugar, las personas entrevistadas tampoco identificaron a la empresa.
La investigación incluyó una tercera dirección en la colonia Las Mandarinas, utilizada en documentación relacionada con una contratación en San Luis Potosí.
Tampoco fue posible ubicar ahí a sus representantes.
Estos hallazgos plantearon dudas sobre la localización y operación de la compañía, aunque no demuestran por sí mismos que los bienes contratados nunca fueran entregados.
La página de Facebook dejó de estar disponible
La investigación también examinó la presencia digital de TLGR.
Se identificó una página de Facebook creada en 2023 que mostraba uniformes y artículos promocionales presuntamente comercializados por la empresa.
El perfil incluía datos de contacto y domicilios relacionados con los registros utilizados por el proveedor.
El 29 de mayo de 2026, después de entrevistas realizadas a funcionarios municipales, se detectaron modificaciones en la página.
Entre los cambios se encontraba la eliminación de fotografías de mobiliario que presentaba semejanzas con imágenes difundidas anteriormente por Alfacolor.
Dos días después, el 31 de mayo, la página dejó de estar disponible públicamente.
No quedó establecido si fue eliminada o si sus administradores modificaron la configuración de privacidad.
La coincidencia temporal de estos cambios fue documentada como parte de la investigación, sin que por ello pueda atribuirse automáticamente una intención de ocultamiento.
Guillermo Bermúdez aparece en operaciones de tres empresas
La relación más relevante entre los proveedores se identificó en la participación de Guillermo Bermúdez Gómez.
De acuerdo con documentos de contrataciones y registros mercantiles, Bermúdez intervino en diferentes momentos en actividades de Alfacolor, TLGR y Office and Publicity.
En 2018 firmó documentación relacionada con contratos de Alfacolor con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en calidad de ejecutivo de cuenta.
Posteriormente participó como representante de TLGR en procedimientos de licitación del Ayuntamiento de León.
Entre ellos se encuentra una licitación de 2023 para la adquisición de vestuario y uniformes.
En mayo de 2024 fue designado gerente administrativo de Office and Publicity.
A pesar de esa designación, el 4 de junio del mismo año participó como representante de TLGR en otro procedimiento de licitación municipal.
Más adelante firmó contratos de Office and Publicity con el Gobierno de León.
Esta secuencia documental fue uno de los elementos utilizados para plantear la posible relación operativa entre las compañías.
Office and Publicity también obtuvo contratos millonarios
Office and Publicity fue otra de las empresas examinadas.
Entre 2024 y 2025 recibió al menos 12 contratos del Gobierno Municipal de León, por un monto superior a los 7 millones de pesos.
Las operaciones incluyeron impresiones, uniformes, mochilas y artículos promocionales.
Guillermo Bermúdez participó como representante legal en esas contrataciones.
Las observaciones sobre la constitución y operación de Office and Publicity habían motivado previamente una investigación de la Contraloría Municipal.
También se informó de la cancelación de futuras contrataciones directas con esa empresa.
Al considerar los montos documentados de TLGR y Office and Publicity, ambas compañías acumularon contrataciones superiores a los 18 millones de pesos.
Esa suma corresponde a operaciones de dos empresas distintas y no significa que se haya demostrado una transferencia irregular de recursos entre ellas.
Las actas constitutivas revelan otras coincidencias
La revisión de documentos mercantiles permitió identificar vínculos adicionales.
Raquel Noemí Concha Guevara, gerente general de TLGR, también aparece como integrante del consejo de administración de García y Vaknin y Asociados, empresa constituida en agosto de 2023.
Entre los socios de esta última se encuentra Ulises de Jesús García Vázquez.
El mismo empresario figura en documentación societaria de Office and Publicity.
Además, las compañías registraron actividades comerciales relacionadas con publicidad y mercadotecnia.
La documentación revisada también mostró la participación de una misma correduría pública en distintos trámites constitutivos.
Estas coincidencias fueron incorporadas a las solicitudes de revisión sobre las contrataciones.
No obstante, compartir representantes, socios relacionados o servicios jurídicos no constituye por sí mismo prueba de un delito.
La relevancia de esos vínculos depende de las condiciones específicas en las que se realizaron los contratos y de la posible existencia de conflictos de interés o incumplimientos legales.
¿Cuál es la relación señalada con Allan León?
Allan León Aguirre fue secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses.
Renunció al cargo el 17 de abril de 2026, en medio de los cuestionamientos relacionados con contratos municipales.
El exfuncionario explicó que su separación buscaba facilitar una revisión objetiva e imparcial de los procedimientos de contratación.
La investigación identificó una conexión indirecta entre las empresas señaladas y Alfacolor, negocio relacionado con la familia de su esposa, María Fernanda García Hernández.
La relación se construyó a partir de la participación documentada de Guillermo Bermúdez en operaciones de las diferentes compañías.
Además, María Fernanda García formaba parte del consejo del DIF León, organismo que contrató servicios de TLGR.
Estas circunstancias motivaron cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Sin embargo, la investigación no estableció que Allan León fuera accionista de TLGR u Office and Publicity ni que hubiera recibido personalmente los recursos de esos contratos.
Allan León negó vínculos con los proveedores
Al ser consultado sobre el tema, Allan León negó mantener una relación con Guillermo Bermúdez Gómez y con las empresas señaladas.
También rechazó vínculos con Alfacolor.
Sin embargo, en una entrevista difundida en 2021 había hablado de Alfacolor como un negocio emprendido junto con su esposa.
En una publicación de marzo de 2026 también se le presentó como participante en la dirección de una imprenta y una fábrica de uniformes junto con ella.
Estas declaraciones anteriores fueron contrastadas con su respuesta más reciente.
María Fernanda García, por su parte, indicó que no podía proporcionar información sobre Alfacolor porque no era representante de la empresa.
Las respuestas forman parte de las posiciones expresadas por las personas mencionadas.
Hasta la información documentada en la investigación original, no se había establecido una resolución que determinara responsabilidad administrativa o penal de Allan León por estos contratos.
La tesorera municipal aseguró que TLGR cumplió los requisitos
La tesorera de León, Graciela Rodríguez Flores, defendió los procedimientos de contratación realizados con TLGR.
Explicó que la empresa presentó documentación fiscal y administrativa para incorporarse al padrón de proveedores.
También aseguró que el Ayuntamiento contaba con facturas, registros de pago y constancias de entrega de los productos adquiridos.
De acuerdo con su explicación, TLGR cumplía con los requisitos exigidos durante el periodo en el que fue contratada.
La funcionaria sostuvo que la imposibilidad de localizar posteriormente a una compañía no permite concluir que nunca haya existido.
También señaló que los proveedores atraviesan procesos de registro ante diferentes instituciones, además de las verificaciones municipales.
Sobre la participación de una misma persona en procedimientos de empresas distintas, explicó que las compañías pueden designar representantes para asistir a juntas de aclaraciones y presentación de propuestas.
No obstante, las preguntas sobre la verificación física de los domicilios y las coincidencias entre proveedores permanecieron entre los puntos sujetos a revisión.
Regidora Norma López pidió investigar los contratos
La regidora Norma López Zúñiga solicitó el 18 de mayo de 2026 la intervención de la Contraloría Municipal.
Su petición surgió después de identificar posibles relaciones entre TLGR y Office and Publicity.
La edil pidió examinar la documentación de las empresas, sus representantes y los procedimientos mediante los cuales recibieron contratos públicos.
Tras conocerse la investigación publicada el 1 de junio, también se planteó la posibilidad de presentar una denuncia penal.
La solicitud buscaba determinar si existían elementos que justificaran una revisión más amplia de las operaciones.
Una petición de investigación no equivale a una resolución sobre la existencia de corrupción.
Corresponde a las autoridades competentes revisar los expedientes, determinar si se incumplieron disposiciones legales y, en su caso, establecer responsabilidades.
El caso también llegó al Congreso de Guanajuato
Los señalamientos sobre las contrataciones municipales llegaron al ámbito legislativo estatal.
El 4 de junio de 2026 se presentó una propuesta de punto de acuerdo ante el Congreso de Guanajuato para solicitar la revisión de posibles conflictos de interés relacionados con las empresas involucradas.
El planteamiento incluyó al DIF León y a su órgano interno de control.
También solicitó examinar las obligaciones de imparcialidad y declaración de intereses de las personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los procedimientos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.
Posteriormente, se solicitó una ficha técnica a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para analizar el asunto.
Este procedimiento legislativo constituye un antecedente adicional de revisión institucional, pero no debe confundirse con una sanción ni con una sentencia.
Las preguntas pendientes sobre los contratos
La investigación dejó varios puntos relevantes para la rendición de cuentas.
Uno de ellos es conocer cómo verificó el Ayuntamiento los domicilios y la capacidad operativa de TLGR antes de contratarla.
Otro consiste en determinar si las relaciones entre personas que participaron en diferentes empresas fueron identificadas y evaluadas durante los procedimientos de adquisición.
También resulta importante conocer el contenido de los expedientes de entrega de uniformes, impresiones y artículos promocionales.
El Gobierno Municipal aseguró contar con esa documentación.
La revisión de los contratos permitiría determinar si los bienes fueron suministrados conforme a las condiciones pactadas.
Finalmente, corresponde a las autoridades establecer si existió algún conflicto de interés que debiera haberse declarado o atendido.
La investigación periodística identificó coincidencias y circunstancias que justifican preguntas sobre las contrataciones, pero la determinación de eventuales faltas administrativas o delitos requiere procedimientos formales.
Contratos de León permanecen bajo cuestionamiento
El caso de TLGR y Office and Publicity puso atención sobre las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de León entre 2022 y 2025.
TLGR recibió al menos 35 contratos por aproximadamente 11.9 millones de pesos, mientras que Office and Publicity obtuvo operaciones superiores a los 7 millones.
La revisión periodística encontró personas vinculadas a la actividad de ambas empresas y documentó que TLGR no pudo ser localizada en los domicilios registrados al momento de las visitas.
El Gobierno Municipal sostuvo que las compras fueron realizadas conforme a los procedimientos establecidos y que cuenta con documentación de los bienes adquiridos.
Allan León Aguirre negó relaciones con los proveedores señalados.
La regidora Norma López solicitó investigar las coincidencias empresariales, y el asunto también fue llevado al Congreso estatal.
La información disponible permite identificar contratos, relaciones documentales y solicitudes de investigación, pero no establece una responsabilidad penal definitiva.
El esclarecimiento del caso depende de la revisión de los expedientes y de las determinaciones que emitan las autoridades competentes.
