Guanajuato, Gto., 5 de noviembre de 2026. Las familias de Guanajuato que atraviesan dificultades económicas podrían contar con una protección legal para evitar quedarse completamente sin agua potable por falta de pago, mediante una reforma que se prepara en el Congreso del Estado.
La propuesta busca modificar el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con el objetivo de garantizar que los organismos operadores mantengan un suministro mínimo indispensable para las necesidades básicas de los hogares.
De aprobarse, organismos como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) y la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI) tendrían que cumplir con las nuevas disposiciones.
La iniciativa forma parte de un proyecto legislativo que reúne siete propuestas presentadas por distintas fuerzas políticas y que ya se encuentra preparado para avanzar a su votación en comisiones.
¿Ya no podrán cortar el agua por falta de pago en Guanajuato?
El cambio principal contempla reformar el artículo 313 del Código Territorial de Guanajuato para impedir que los organismos operadores suspendan totalmente el suministro de agua potable en viviendas donde las familias no tengan capacidad económica para cubrir sus adeudos.
En lugar de dejar los hogares sin servicio, los sistemas municipales estarían obligados a garantizar una cantidad mínima de agua destinada al consumo humano y a las necesidades domésticas esenciales.
Esto permitiría que las familias en condiciones de vulnerabilidad económica mantengan acceso al recurso, aun cuando tengan recibos pendientes de pago.
Sin embargo, la propuesta no establece que los usuarios puedan dejar de pagar libremente el servicio ni contempla eliminar automáticamente las deudas acumuladas.
La finalidad es evitar que la falta de recursos económicos se traduzca en la privación absoluta del agua necesaria para la subsistencia.
SAPAL, JAPAMI y SIMAPAG tendrían que garantizar agua para consumo básico
La reforma tendría implicaciones para los organismos responsables del abastecimiento de agua potable en los municipios de Guanajuato.
Entre ellos se encuentran SAPAL, que opera en León; JAPAMI, encargado del servicio en Irapuato, y SIMAPAG, responsable del suministro en Guanajuato capital.
Estos sistemas tendrían que garantizar el acceso a una dotación básica de agua en los hogares que cumplan con las condiciones previstas en la reforma.
El proyecto busca establecer esta obligación directamente en la legislación estatal, de manera que la protección no dependa únicamente de las disposiciones administrativas de cada organismo.
El suministro mínimo estaría destinado a cubrir necesidades indispensables, sin que ello implique necesariamente mantener el consumo habitual de una vivienda con adeudos.
La cantidad exacta y los mecanismos para garantizar este abastecimiento deberán atender a las disposiciones legales y técnicas correspondientes.
Reforma reúne siete iniciativas de diferentes partidos políticos
La propuesta legislativa es resultado de un proceso de análisis que integró siete iniciativas relacionadas con el acceso al agua potable y el funcionamiento de los organismos operadores.
Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso de Guanajuato se revisaron los planteamientos presentados por distintas fuerzas políticas.
El trabajo técnico acumuló más de 20 horas de discusión y permitió elaborar un proyecto de dictamen que incorpora medidas relacionadas con el derecho al agua, la administración de los sistemas municipales y el desarrollo urbano.
En las negociaciones participaron legisladores del PAN, Morena, PRI y Partido Verde Ecologista de México, además de representantes del Gobierno del Estado.
El diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, destacó la importancia del proyecto al considerar que aborda aspectos fundamentales relacionados con el suministro de agua, las prioridades de los organismos operadores y la garantía de mínimos vitales.
En los trabajos también participó el secretario del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato, José Lara Lona.
Organismos de agua deberán contar con directivos especializados
Además de impedir la suspensión total del suministro por falta de pago en los casos contemplados, la reforma propone modificar los requisitos para integrar los consejos directivos de los organismos operadores.
El proyecto plantea que las personas encargadas de participar en estos órganos de administración cuenten con conocimientos y experiencia técnica comprobable en materia hídrica.
La intención es que las decisiones relacionadas con el abastecimiento, la infraestructura y la administración del agua tengan respaldo especializado.
Esta disposición modificaría las condiciones para integrar los consejos encargados de orientar las políticas y decisiones de los sistemas municipales.
El planteamiento también busca fortalecer la capacidad técnica de los organismos responsables de suministrar agua potable a la población.
También buscan regularizar los comités de agua en comunidades rurales
Otro de los cambios incluidos en el proyecto está relacionado con los comités comunitarios encargados de administrar pozos y sistemas de abastecimiento en localidades rurales.
La reforma contempla establecer un marco normativo para regularizar su funcionamiento y reconocer las particularidades de estos esquemas de administración.
En diferentes comunidades de Guanajuato, el abastecimiento de agua depende de organizaciones comunitarias que operan pozos y redes de distribución.
La propuesta busca dar mayor claridad a las condiciones bajo las cuales funcionan estos comités y a su relación con las autoridades responsables del servicio.
Este apartado forma parte de los cambios destinados a mejorar la organización y administración del agua en el estado.
Nuevos fraccionamientos tendrían que captar agua de lluvia
La reforma también contempla obligaciones para los nuevos desarrollos habitacionales que se construyan en Guanajuato.
Entre las medidas propuestas se encuentra incorporar sistemas de captación de agua pluvial en los proyectos de vivienda.
El objetivo es aprovechar el agua de lluvia como parte de las estrategias relacionadas con la gestión del recurso hídrico.
La disposición busca que los nuevos desarrollos consideren infraestructura para captar agua pluvial desde su planeación.
Esta medida fue incluida dentro del proyecto legislativo impulsado por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Luz Itzel Mendo González, del Partido Verde, y el diputado Ricardo Ferro Baeza.
¿Cuándo entraría en vigor la prohibición de cortar el agua?
La reforma todavía no ha sido aprobada definitivamente por el Congreso del Estado de Guanajuato.
Después de concluir el análisis técnico y revisar las observaciones del Poder Ejecutivo, el proyecto de dictamen quedó preparado para ser sometido a votación en comisiones.
En caso de obtener el respaldo correspondiente, deberá turnarse al pleno del Congreso para su discusión y eventual aprobación.
Por lo tanto, las nuevas obligaciones para los organismos operadores todavía no se encuentran vigentes como resultado de esta iniciativa.
La fecha de aplicación dependerá del avance del proceso legislativo y de las disposiciones que se establezcan en caso de aprobarse la reforma.
Mientras tanto, los organismos municipales continuarán sujetos a la legislación y los reglamentos actualmente aplicables.
El proyecto representa un nuevo intento por establecer reglas comunes para garantizar el suministro indispensable de agua potable a las familias guanajuatenses que enfrentan dificultades económicas, al mismo tiempo que plantea cambios en la administración de los organismos operadores y en el aprovechamiento del agua de lluvia.
