GUANAJUATO, GTO.- Presidentes municipales de Guanajuato pidieron fortalecer los filtros para quienes aspiren a una candidatura en las elecciones de 2027 y plantearon que las fiscalías participen en la revisión de antecedentes de los próximos contendientes en los 46 municipios del estado.
La propuesta busca detectar antes de las postulaciones posibles antecedentes penales, procesos ocultos o vínculos personales y familiares con la delincuencia organizada.
El tema cobró fuerza después de que el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, planteara la necesidad de investigar los perfiles de quienes pretendan convertirse en candidatos.
Alcaldes consultados coincidieron en que las revisiones deberían ir más allá de los requisitos tradicionales que presentan los aspirantes ante los partidos y autoridades electorales.
Piden supervisión permanente sobre funcionarios
La presidenta municipal de Moroleón, Alma Dennise Sánchez Barragán, consideró que la supervisión debe ser más amplia y permanente.
La alcaldesa planteó que las revisiones no solamente se realicen sobre presidentes municipales o quienes aspiren a ocupar esos cargos, sino también sobre directivos, integrantes de las policías municipales y otros servidores públicos.
También señaló que las investigaciones podrían extenderse a familiares cuando existan elementos que hagan necesaria una revisión.
Sánchez Barragán afirmó que su administración está abierta a cualquier investigación y sostuvo que los controles deberían aplicarse de manera general a los funcionarios públicos.
La presidenta municipal advirtió sobre el riesgo que implicaría que una persona con vínculos con la delincuencia organizada llegara a encabezar un Ayuntamiento, debido a la posibilidad de que grupos criminales terminaran influyendo en las decisiones de gobierno.
Durante sus declaraciones aseguró que existirían alcaldes y regidores de otros municipios con presuntos nexos con la delincuencia, aunque evitó proporcionar nombres.
La afirmación quedó planteada como un señalamiento de la alcaldesa y no como una determinación de responsabilidad emitida por una autoridad judicial.
Proponen comisiones dentro de partidos políticos
Desde Apaseo el Alto, la presidenta municipal Guadalupe Montserrat Mendoza Cano planteó que los propios partidos políticos establezcan mecanismos para revisar a profundidad a quienes pretendan obtener una candidatura.
Entre las posibilidades mencionó la creación de una comisión encargada de comprobar que la información proporcionada por los aspirantes corresponda con la realidad.
El mecanismo podría incluir no solamente la revisión documental de los perfiles, sino también consultas dentro de las comunidades donde los aspirantes desarrollan sus actividades políticas.
Mendoza Cano consideró que también sería necesario establecer canales de colaboración con las fiscalías para conocer si una persona registra antecedentes penales o algún proceso que no haya sido declarado.
La alcaldesa señaló que algunos aspirantes podrían omitir voluntariamente información relacionada con procesos o investigaciones, por lo que consideró insuficiente depender únicamente de lo que cada candidato declare.
Advierte riesgos en comunidades con presencia criminal
La presidenta municipal de Apaseo el Alto también hizo referencia a la vulnerabilidad que pueden enfrentar los candidatos durante una campaña.
Consideró que existen comunidades donde las condiciones de inseguridad pueden poner a los aspirantes en una situación de riesgo, aun cuando ellos mismos no mantengan vínculos con grupos delictivos.
La posibilidad de que candidatos sean buscados, presionados o contactados por organizaciones criminales es otro de los elementos que, desde su perspectiva, debería ser considerado dentro de los esquemas de prevención.
Piden investigar ingresos y relaciones empresariales
El presidente municipal de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, llevó la discusión hacia el origen de los recursos económicos que manejan los aspirantes y sus campañas.
El alcalde consideró necesario revisar los ingresos económicos de los candidatos, sus relaciones empresariales y el comportamiento del gasto electoral.
Su planteamiento parte de la necesidad de identificar recursos cuyo origen no pueda ser claramente comprobado y evitar que el financiamiento de una campaña genere posteriormente compromisos con grupos criminales.
También pidió analizar en qué se utiliza el dinero durante los procesos electorales y de dónde provienen los recursos.
Oliveros Usabiaga señaló que la revisión debe realizarse sin criterios de justicia selectiva y con condiciones iguales para quienes pretendan ocupar responsabilidades públicas.
Servidores públicos también deberían ser revisados
El alcalde de Santa Cruz de Juventino Rosas, Fidel Ruiz Ramírez, coincidió en la necesidad de conocer con mayor profundidad los perfiles de quienes participarán en las próximas elecciones.
Ruiz Ramírez sostuvo que los servidores públicos deben encontrarse preparados en todo momento para rendir cuentas.
Por ello, no descartó que los mecanismos de revisión se apliquen también a personas que actualmente ocupan cargos dentro de las administraciones municipales.
La discusión abre así dos vertientes: la revisión preventiva de quienes buscan convertirse en candidatos y la vigilancia sobre quienes ya desempeñan una función pública.
La propuesta aparece rumbo a las elecciones de 2027
El planteamiento surge mientras partidos y actores políticos comienzan a organizarse de cara al proceso electoral de 2027.
A nivel nacional también se ha planteado recientemente la posibilidad de reforzar las revisiones de antecedentes antes de definir candidaturas, incluyendo la consulta de información relacionada con posibles responsabilidades penales, corrupción o vínculos con la delincuencia.
En Guanajuato, los alcaldes que se pronunciaron sobre el tema coinciden en que la revisión no debería quedarse únicamente en documentos entregados por los propios aspirantes.
Fiscalías, partidos políticos, autoridades y comunidades aparecen dentro de las propuestas como posibles participantes en un esquema más amplio de verificación.
El objetivo señalado por los presidentes municipales es reducir el riesgo de que personas con posibles vínculos criminales lleguen a posiciones de decisión y evitar que las administraciones municipales sean vulnerables a intereses de grupos delictivos.
Hasta ahora, los planteamientos forman parte de propuestas y declaraciones de autoridades municipales. La creación de un mecanismo específico, sus alcances legales y las instituciones responsables de realizar las revisiones tendrían que definirse posteriormente.
