Guanajuato, Gto.- Guanajuato llega al cierre de septiembre de 2026 con la despenalización del aborto nuevamente en el centro de la discusión jurídica y legislativa, ante el vencimiento del plazo relacionado con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sin que el Congreso estatal haya concretado hasta ahora las modificaciones correspondientes.
El 30 de septiembre concluye el plazo establecido para atender la declaratoria de inconstitucionalidad relacionada con las disposiciones que penalizan el aborto voluntario en Guanajuato.
La discusión ocurre mientras este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, fecha en la que colectivos que respaldan la interrupción voluntaria del embarazo realizan diferentes actividades para mantener el tema dentro de la agenda pública.
El antecedente judicial es determinante para entender el escenario actual.
La Suprema Corte resolvió en 2025 el Amparo en Revisión 525/2024, relacionado con los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal del Estado de Guanajuato.
En esa resolución, la Primera Sala determinó que el sistema jurídico analizado que penaliza el aborto voluntario resulta inconstitucional.
El máximo tribunal consideró que las disposiciones cuestionadas eran contrarias a los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, además de los derechos a la salud, igualdad y no discriminación.
La sentencia concedió el amparo para impedir la aplicación de las normas cuestionadas a mujeres y personas con capacidad de gestar acompañadas por la asociación civil que promovió el juicio.
Posteriormente, el proceso avanzó hasta la declaratoria de inconstitucionalidad que colocó al Congreso de Guanajuato frente a un nuevo plazo para modificar la legislación estatal.
El Congreso retomó el 25 de septiembre el periodo ordinario de sesiones y, con ello, el conteo de los últimos cinco días hábiles para atender la resolución de la Suprema Corte.
Hasta este 28 de septiembre, las modificaciones no han sido concretadas.
El escenario legislativo también está marcado por las diferentes posiciones de los grupos parlamentarios.
Legisladores del PAN han mantenido una postura contraria a la despenalización, mientras integrantes de Morena y Movimiento Ciudadano han impulsado propuestas para modificar la legislación vigente.
En el Congreso existen expedientes legislativos relacionados directamente con la interrupción voluntaria del embarazo.
Una iniciativa de Movimiento Ciudadano propone reformar los artículos 158, 159, 160, 161, 162 y 163 del Código Penal estatal.
La propuesta plantea despenalizar parcialmente el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, modificar las sanciones posteriores a ese periodo y ampliar las excusas absolutorias previstas en la legislación.
También existen propuestas que contemplan cambios no solamente al Código Penal, sino a otras normas estatales relacionadas con salud, atención a víctimas y derechos de las mujeres.
Una iniciativa presentada por integrantes de Morena contempla reformas y derogaciones en diferentes ordenamientos y se encuentra registrada bajo el tema de interrupción legal del embarazo.
El Congreso ha solicitado opiniones de instituciones como el Poder Judicial, dependencias del Ejecutivo estatal, la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otras instancias, como parte del análisis legislativo.
Sin embargo, el debate no se limita al Poder Legislativo.
Durante los últimos años, organizaciones y colectivas feministas han promovido acciones jurídicas y manifestaciones para impulsar la despenalización y garantizar servicios de interrupción del embarazo.
Al mismo tiempo, organizaciones y grupos contrarios al aborto han realizado movilizaciones y han solicitado al Congreso mantener la legislación restrictiva, reflejando las posiciones encontradas que existen alrededor del tema.
El vencimiento del plazo del 30 de septiembre tampoco implica por sí mismo que el Código Penal estatal sea reformado automáticamente ese día.
Si el Poder Legislativo no realiza las modificaciones correspondientes, el procedimiento jurídico derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad deberá continuar.
Por ello, el escenario posterior dependerá tanto de las actuaciones del Congreso como de las etapas judiciales correspondientes.
La situación jurídica tampoco debe confundirse con una modificación legislativa ya concluida.
Aunque la Suprema Corte ha establecido criterios sobre la inconstitucionalidad de penalizar el aborto voluntario y existen procedimientos directamente relacionados con Guanajuato, las disposiciones del Código Penal estatal siguen formando parte de una discusión legislativa todavía abierta.
El Congreso cuenta además con iniciativas específicas para modificar ese marco jurídico, pero su aprobación depende del proceso legislativo y de la votación de las diputadas y diputados.
De esta manera, Guanajuato llega al final de septiembre con dos procesos que avanzan de manera paralela: las consecuencias jurídicas de las resoluciones de la Suprema Corte y la discusión política dentro del Congreso estatal.
El 30 de septiembre será una fecha relevante dentro de ese procedimiento, pero no necesariamente el punto final.
La definición del marco legal dependerá de los siguientes pasos del Congreso y de las actuaciones judiciales que correspondan una vez agotado el plazo.
