Salamanca, Gto.- La Secretaría de Educación Pública en Guanajuato consideró que la sanción aplicada a Luis Enrique Hernández Godoy, exdirector de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Salamanca, no debe ser la única consecuencia de las irregularidades detectadas y pidió buscar mecanismos para recuperar los recursos involucrados.
Juan Ortega Gasca, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Guanajuato, se pronunció después de conocerse la resolución mediante la cual el Tribunal de Justicia Administrativa sancionó al exfuncionario.
Hernández Godoy fue inhabilitado durante 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, además de recibir una sanción económica. La inhabilitación permanecerá vigente hasta el 7 de abril de 2036
El caso se remonta a 2016, cuando Hernández Godoy ocupaba la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Salamanca.
Durante ese periodo, la institución realizó contrataciones y pagos a Vihemmen, S.A. de C.V., empresa en la que el entonces funcionario tenía una participación accionaria del 50 por ciento.
Las operaciones correspondieron a trabajos relacionados con diseño y adecuación de espacios para la biblioteca digital, así como actualización de equipos del centro de simulación de negocios e idiomas.
Las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control permitieron establecer la relación que existía entre el funcionario universitario y la compañía contratada.
Durante el procedimiento, Hernández Godoy argumentó que había solicitado verbalmente una dispensa al entonces rector para mantenerse fuera de las decisiones del comité relacionadas con esas contrataciones.
El Tribunal desestimó ese argumento al determinar que la supuesta dispensa no fue acreditada legalmente y que la legislación en materia de responsabilidades impedía su intervención en contrataciones con la misma institución a través de una empresa de la que formaba parte.
Tras conocerse la sanción, Juan Ortega Gasca consideró necesario que las autoridades revisen también la recuperación de los recursos involucrados.
El representante de la SEP en Guanajuato señaló que una inhabilitación administrativa no debe sustituir las acciones destinadas a resarcir una afectación al patrimonio de una institución educativa.
Ortega Gasca destacó que los recursos destinados a las universidades tecnológicas y politécnicas tienen objetivos específicos.
El financiamiento proveniente de los gobiernos federal y estatal debe utilizarse para atender necesidades como el pago de nómina docente, infraestructura, equipamiento y desarrollo académico.
Incluso los recursos propios generados por estas instituciones deben permanecer al servicio de las universidades y utilizarse para mejorar las condiciones académicas de estudiantes y docentes.
Por ello, el funcionario federal llamó a las autoridades correspondientes a revisar las vías disponibles para recuperar los recursos involucrados y resarcir el daño causado al patrimonio universitario.
También pidió a quienes actualmente tienen responsabilidades administrativas en universidades tecnológicas y politécnicas ejercer el dinero público conforme a las disposiciones aplicables y al propósito para el que fue asignado.
El caso de Hernández Godoy incluye además un antecedente relacionado con el Sistema Estatal Anticorrupción.
Las contrataciones que posteriormente derivaron en su sanción ocurrieron entre julio y noviembre de 2016.
Meses después, el 17 de julio de 2017, el Congreso del Estado lo designó integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción por un periodo de tres años.
La sanción administrativa comenzó a surtir efectos este año y contempla una década de inhabilitación.
Además, el Tribunal impuso una sanción económica relacionada con el beneficio obtenido y la devolución del monto involucrado en las operaciones que dieron origen al procedimiento.
El pronunciamiento de la SEP coloca ahora el énfasis en la recuperación efectiva de los recursos y en la necesidad de que el dinero destinado a las instituciones educativas permanezca al servicio de sus actividades académicas.
La Universidad Tecnológica de Salamanca es una institución pública cuya Dirección de Administración y Finanzas tiene entre sus responsabilidades administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la universidad conforme a la normatividad aplicable
El caso continuará con las consecuencias derivadas de la resolución administrativa y con las acciones que, en su caso, correspondan para hacer efectiva la sanción económica y la recuperación de los recursos señalados.
