Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece nuevos requisitos de nacionalidad para quienes pretendan competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La reforma fue avalada en el Senado con 86 votos a favor y 42 en contra, alcanzando la mayoría calificada requerida para continuar con el procedimiento de modificación constitucional.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El cambio establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a gobernar alguna entidad federativa o a encabezar el Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.
Las personas que tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas ante la autoridad electoral.
La propuesta no plantea eliminar de manera general la posibilidad de que los mexicanos tengan doble nacionalidad.
La restricción se encuentra dirigida específicamente a quienes busquen ocupar las titularidades de los poderes ejecutivos federal y locales contemplados por la reforma.
La modificación también establece condiciones para quienes ya se encuentren ejerciendo esos cargos bajo las nuevas disposiciones.
Quien ocupe la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo.
También quedará comprendido dentro de las restricciones invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad diferente de la mexicana, utilizar documentos de identidad expedidos por otro Estado para esos efectos, ejercer derechos políticos inherentes a esa ciudadanía o acogerse a protección diplomática extranjera.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal bajo el argumento de que las personas responsables de representar al Estado mexicano desde esos cargos deben mantener un vínculo jurídico exclusivo con México.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente la propuesta bajo el argumento de que la medida busca garantizar que quienes encabecen los poderes ejecutivos tengan exclusivamente la nacionalidad mexicana.
La reforma había superado previamente su discusión en la Cámara de Diputados.
En San Lázaro fue aprobada en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. En lo particular obtuvo 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención.
El dictamen fue posteriormente enviado al Senado, donde continuó la discusión entre los grupos parlamentarios.
Morena y sus aliados respaldaron la modificación bajo argumentos relacionados con soberanía nacional y la necesidad de evitar posibles conflictos derivados de mantener vínculos jurídicos con otro Estado.
Los grupos opositores cuestionaron la reforma durante el proceso legislativo.
Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron, entre otros puntos, que poseer una segunda nacionalidad no implica por sí mismo falta de lealtad hacia México y advirtieron sobre restricciones a los derechos políticos de ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad.
Durante el debate también se discutió el posible impacto sobre mexicanos residentes en el extranjero y sus descendientes.
La reforma, sin embargo, no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general ni modifica por sí misma los derechos de quienes la poseen y no aspiren a los cargos comprendidos en los artículos reformados.
Otro punto relevante es la fecha de aplicación.
El régimen transitorio establece que las nuevas disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral federal y los procesos electorales locales concurrentes de 2028.
También se establece que la modificación no será aplicable a quienes se encuentren ejerciendo actualmente la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La reforma todavía debe completar el procedimiento establecido para modificar la Constitución.
Al tratarse de una reforma constitucional, después de recibir la aprobación de ambas cámaras del Congreso de la Unión requiere el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México antes de realizar la declaratoria correspondiente.
Posteriormente deberán desarrollarse las disposiciones legales necesarias para definir el procedimiento mediante el cual una persona con doble nacionalidad pueda acreditar la renuncia a su segunda nacionalidad antes de solicitar su registro electoral.
Desde la presentación de la iniciativa, el Ejecutivo planteó modificaciones posteriores a la Ley de Nacionalidad para establecer las reglas y procedimientos correspondientes, incluyendo las actuaciones necesarias ante el país cuya nacionalidad también posea el aspirante.
Con la aprobación del Senado, el proyecto entra ahora en la etapa correspondiente a los congresos locales.
El cambio constitucional, de completar todo el procedimiento, modificará desde 2028 uno de los requisitos para competir por los principales cargos ejecutivos del país y de las entidades federativas.
